Una nueva contratación pública con mejoras para las pymes

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada recientemente, cambia aspectos relevantes de la compra pública e incorpora mejoras que facilitan el acceso de la pyme.

28/09/2018

Entre otras novedades, la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, conlleva que a partir del 9 de septiembre de 2018, las empresas que se quieren presentar a licitaciones en que los poderes adjudicadores (administraciones, empresas públicas, ...) deben utilizar el procedimiento abierto simplificado deberán estar inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas (ROLECE) o en un registro equivalente RELI, en el caso de administraciones catalanas.

Desde Pimec han trabajado con los diferentes grupos parlamentarios en la formulación de enmiendas sobre el texto presentado inicialmente por el gobierno y destacan los siguientes puntos:

Se incorpora, como objeto y finalidad de la Ley, el hecho de facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas.
Aumenta el número de contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación.
Se legitima explícitamente a las organizaciones empresariales sectoriales representativas de los intereses de los afectados, para poder presentar un recurso especial en materia de contratación.
Cuando se impongan al recurrente cauciones o garantías para responder ante posibles perjuicios derivados de la interposición del recurso, estas deberán estar sujetos al principio de proporcionalidad y tener en cuenta el sujeto y el objeto afectados
El hecho de designar un responsable del contrato por parte de los organismos de contratación pasa de ser potestativo a ser obligatorio.
Para intentar evitar la adjudicación a empresas pantalla o simples gestoras del contrato principal que luego subcontratan, aumentan las exigencias a los licitadores en relación a los compromisos de dedicación o adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato.
Se incorporan algunos criterios que atenúan las exigencias de clasificación para contratos de obra.Se establece como norma general la división en lotes de los contratos y como excepcional y con necesidad de justificación la no división de los mismos.
El deber de confidencialidad no podrá ser excusa para establecer restricciones a la divulgación de partes no confidenciales de los contratos.
Se establece como base los criterios de adjudicación del contrato la mejor relación calidad precio.
Se profundiza en las medidas para evitar que ofertas anormalmente bajas, fundamentadas en precios inferiores a los del mercado y incumplimiento de la normativa laboral y medioambientales, resulten adjudicadas.
Se elimina la potestad por parte de la administración del hecho de fijar un plazo de más de 30 días para aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato en relación a los bienes entregados o servicios prestados, a partir de acuerdos expresos incluidos en el contrato o alguno de los documentos que rigen la licitación,
Se establece la posibilidad de que el organismo de contratación pueda prever en los pliegos de cláusulas administrativas el pago directo al subcontratado.
El plazo de cobro de los subcontratados no podrá ser más desfavorable que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
La administración deberá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos deben hacer a sus subcontratados o suministradores que participen en los mismos en los contratos de obras y de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato. Para el resto de contratos, la administración podrá hacer la comprobación de forma potestativa.

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